#ReformaAAPP Reforma de las Administraciones Públicas Las diez claves de las 217 medidas propuestas por Rajoy

#ReformaAAPP Reforma de las Administraciones Públicas Las diez claves de las 217 medidas propuestas por Rajoy 

Rajoy anuncia un antes y un después 

en la Administración

para reformar la Administración

Día 19/06/2013 – 14.59h

La reforma de las Administraciones Públicas, la madre de todas las reformas de esta legislatura, ya ha echado a andar

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado este miércoles, con toda la solemnidad posible, el informe que el Consejo de Ministros encargó a una Comisión el pasado mes de octubre, y que se compone de dos mil folios.«Marca un antes y un después en la buena dirección», aseguró Rajoy. 
Estas son las claves de las 217 propuestas:
1.— La caída brutal de los ingresos públicos obliga a reformar la Administración, para hacer más con menos, sin renunciar a la calidad. 
En 2012, España fue el país de la zona euro con menos ingresos por PIB, sólo superada por Irlanda y Eslovaquia. En la zona euro fue del 46,2 por ciento, y en España, del 36,4 por ciento.
2.— El Gobierno encargó en octubre un informe a la Comisión que se creó para reformar las Administraciones. Tenía de plazo hasta el 30 de junio. El informe, de 2.000 páginas, ya está terminado. Tiene 217 propuestas y recomendaciones concretas, muchas de ellas para eliminar duplicidades.
3.— Es un punto de partido para modernizar las administraciones y para que sean más austeras, más útiles y más eficaces, con menos formularios, menos papeleos y menos ventanillas.
4.— El Gobierno empezará a aprobar este mismo viernes las propuestas que le incumben. 
Se empezará por la reforma del procedimiento administrativo, la ley de subvenciones públicas, la facturación electrónica y el problema de la morosidad en las administraciones públicas.
5.— Las comunidades recibirán recomendaciones, que luego podrán aceptar o no. 
En algunos casos se podría precisar reformas de estatutos. 
El Gobierno ha pedido generosidad y altura de miras.
6. Entre las medidas concretas, se cambiará la formar de hacer presupuestos en los ministerios, para asignar mejor los recursos. 
Por ejemplo, para presupuestar el gasto de luz y teléfono, no se partirá del gasto del año anterior, sino que se analizarán las necesidades concretas y la posibilidad de ahorro, y se partirá así de un presupuesto de base cero. 
Se espera así un ahorro sustantivo del gasto público.
7.— Habrá una gestión común de la tesorería de la administración general del estado. Ahora mismo hay 4.800 cuentas bancarias abiertas.
8.— Se evitará hacer contratos por separado. Hacerlos juntos da un resultado mejor y más barato.
9.— Se acabará con las duplicidades. Hay 120 propuestas en ese línea. 
El principio es una administración, una competencia. 
Hay casos como las agencias de meteorología y las agencias de energía que podrían suprimirse. El Estado prestaría el mismo servicio a todos, igual o mejor.
10.— Otras medidas: Habrá más rigor a la hora de abrir nuevas empresas públicas. 
Una ventanilla única para el comercio exterior, se implantará totalmente la administración electrónica, habrá un historial clínico digital para todos los pacientes, que pueda consultarse en toda España. Otro objetivo es acabar con la morosidad a los proveedores.

No con mis datos

Con la reforma, los registradores podrán controlar todo tipo de información íntima

El ministro de Justicia es suegro de una registradora de la propiedad y cuñado de un registrador de la propiedad, el director general de los Registros y del Notariado es registrador mercantil, el subdirector general de Notariado y Registros es registrador de la propiedad. 
Estos son los responsables políticos y administrativos que han tomado la iniciativa de encargar la redacción de un anteproyecto de ley cuyo objeto es la “reforma integral de los Registros”. 
Una conspiración florentina en toda regla.
De este documento ya se ha hecho eco la prensa, pues el nuevo proceso legislativo comienza en los medios de comunicación, antes que en el sosegado estudio y debate interno entre las diversas unidades técnicas especializadas de los ministerios, que por lo que se sabe, han tenido conocimiento del mismo “por la prensa”, antes que en una comunicación leal entre departamentos. 
De él nos hemos ocupado con anterioridad. 
Ahora, una vez se ha filtrado el primer borrador y tras las primeras reacciones se conciertan reuniones y se comienzan los debates, que han fructificado en un segundo borrado, más cínico que el primero.
Este borrador de ley se presenta como un intento de modernización del tratamiento de la información que afecta a los ciudadanos. 
Un salto tecnológico, se dirá, ¡de una magnitud… sideral! 
Este es el calificativo con el que los promotores del proyecto enfatizan su bondad. 
Además, se encargaran de decir que la modernidad del proyecto será atacada por los funcionarios apegados a sus procedimientos ancestrales, cuya conducta no hace más que detener la locomotora de las nuevas tecnologías a fin de conservar sus privilegios.
También subrayarán el arrojo del ministro, que volverá a decir que no esperaba aplausos de quienes ven reducidos sus privilegios por su acción. ¡Qué fortuna! 
La miopía del ciudadano está suplida por la clarividencia de su líder, a quien ha de respetarse y no contradecir, pues lo hace por el bien de sus incapaces gobernados.
La realidad del proyecto es otra. 
No implica evolución, sino todo lo contrario: involución. 
Permite la descarada patrimonialización de la Administración por los registradores de la propiedad. Y eso no es modernidad.

Lo que pretenden es tener una parcela de poder real sobre los ciudadanos
Francisco de Vitoria en 1552 escribía que la venta de oficios introducía una seria perturbación en la dispensación de la justicia distributiva propia del oficio real, privando a las personas virtuosas y hábiles de lo que por merced les correspondía (Tomás y Valiente, F., Opiniones de algunos juristas clásicos españoles sobre la venta de oficios públicos, en Filosofía y Derecho. Estudi). 
La venta de cargos y oficios públicos es un fenómeno que, como subrayaDomínguez Ortiz, se dio en todos los países europeos en la época en que se consolida el Estado moderno, por razones económicas y políticas. 
Se trata de un fenómeno que revela un concepto de dominación que está lejos del Estado racional weberiano. 
Así pues, la venta de oficios, ya fue protagonista de la historia, como mecanismo aglutinador de poder y de creación de oligarquías.
A ese modelo responde el borrador, que fija negro sobre blanco la máxima aspiración de un cuerpo de funcionarios de estatuto especial de la Administración: ser independientes, y hacerse con el control de una importantísima parcela de poder real sobre los ciudadanos. 
Mientras las mayorías políticas en el Congreso y los Gobiernos pasen, los registradores permanecerán y lo harán controlando la información más sensible de los ciudadanos, sin ser controlados por nadie, pues los interinos y advenedizos del poder nada tienen que hacer frente a su posición ininmutable.
Pretenden controlar desde nuestro nacimiento, hasta nuestra muerte, pasando por incapacitaciones, emancipaciones, matrimonios, separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales, parejas de hecho, testamentos, domicilio a efecto de notificaciones, seguros de vida y de fallecimiento (y la información relativa a quien sea beneficiario del mismo), si somos socios de una asociación, o de una sociedad mercantil y quienes nos acompañan en la aventura, o si somos fundadores de una fundación o patronos de la misma, y con quien compartimos la tarea…
En fin, todos los datos de nuestra vida, los más íntimos, los vinculados no solo al ejercicio de nuestros derechos fundamentales, sino también de nuestros derechos constitucionales, en las manos de un cuerpo de funcionarios que, además, se cuida de evitar cualquier control directo por el Poder Legislativo, pero también del Ejecutivo: el borrador desmantela la Dirección General de la que, hasta ahora, dependen.

Defender la privacidad está por encima de un anhelo gremial
Un cuerpo de funcionarios que lo es, como ahora, cuando le interesa vestir este traje, pero que se desprende de él cuando esta condición no le interesa, por ejemplo, en la gestión de los aranceles que cobran por prestar su función.
El borrador de proyecto pretende que los registradores presten su potente sistema informático para realizar una gestión eficiente de los datos del Registro Civil y del resto de la información. 
Este sistema informático no es público. 
Aunque se ha creado por las aportaciones de los registradores, aportaciones que son el resultado de lo obtenido por la aplicación del arancel. 
En consecuencia, la gestión de los datos más íntimos de los ciudadanos españoles ––y sus interrelaciones– se realizará por empresas, y por sus empleados, todos eventuales tras la nueva regulación de las relaciones laborales, no sujetos al estatuto y disciplina funcionarial.
¿Consentiríamos que los archivos de la policía y Guardia Civil fueran elaborados, tratados y gestionados por particulares? 
¿Consentiríamos que nuestros datos fiscales y las bases de datos públicas no fueran tratados por inspectores y subinspectores y funcionarios públicos sino que se incorporasen a bases de datos de propiedad privada y fueran gestionadas por personal contratado y eventual? 
¿Consentiríamos que los datos relativos a la Seguridad Social fuesen incorporados a bases de datos de titularidad privada y gestionados por personal contratado eventual? 
Sin duda alguna, la respuesta es no.
Nuestro derecho fundamental a la privacidad está por encima de un anhelo gremial. 
No se olvide: los derechos fundamentales lo son frente a los poderes del Estado. 
No nos dejemos embaucar por cantos de sirena o reclamos de modernidad…corporativista.
 No se ha avanzado en la defensa de la privacidad hasta alcanzar las altas cotas que ofrece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal para que el sueño de una noche de verano de un registrador de la propiedad y mercantil la destrocen. 
Desde luego este sueño no puede ser realidad y si lo fuera desde ahora ha de avanzarse el grito: ¡no con mis datos!
Pilar Blanco-Morales Limones es catedrática de Derecho Internacional Privado.
http://elpais.com/elpais/2013/03/20/opinion/1363775489_429186.html


La reforma de las Administraciones Públicas, en 10 tuits de @marianorajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy el esperado informe sobre la reforma de las Administraciones Públicas, aunque tan solo ha sido un esbozo sin apenas medidas concretas.
El jefe del Ejecutivo expuso que el informe realizado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas realiza 217 propuestas, de las que 120 son propuestas para eliminar duplicidades de organismos como las Agencias de Metereología de las CCAA, de Energía o de la Competencia.
Mientras realizaba la presentación oficial en el Palacio de la Moncloa, desde su cuenta de Twitter, su equipo de comunicación ha resumido las medidas en 10 tuits, además de unos breves comentarios replicando las palabras de Rajoy.

En TWITTER es TREDING TOPIC 
Durante la presentación del Informe de la en La Moncloa 

Rajoy presenta más de 200 propuestas para “hacer unas administraciones más austeras, útiles y eficaces”:
Suprime 20.000 concejales. El 90% no cobra ni un €. Se quiere aumentar el bipartidismo y disminuir la entrada de minoritarios
¿Eficiente es vender 15.000 inmuebles del Estado en las circunstancias económicas actuales? No, es regalar bienes públicos.
: Echar a todos los niñatos de enchufados como asesores y reservar la función pública a quienes han opositado.

  ¿Cuánto nos ha costado ese cartelazo para que no reformes nada y sólo hagas recomendaciones, mari?

4 motivos por los que hacer públicas las propuestas para la reforma de las Administraciones Públicas

Si eres un ciudadano y te interesa la mejora de la Administración Pública, si trabajas para una de ellas y tienes una buena idea ¿no sería lógico compartirla?

El buzón abierto por el Gobierno para recibir propuestas sobre la mejora de las administraciones públicas (CORA) no permite en estos momentos conocer las iniciativas que están proponiendo los ciudadanos, ni hay expresada intención de hacerlo posteriormente. Este buzón debería ser un verdadero buzón abierto y de acceso libre a su contenido.

Estos son los motivos:

Motivo 1: para poder usar las propuestas, con cualquier propósito. 

Motivo 2: para estudiarlas, modificarlas adaptándolas a las necesidades de cualquier administración. 

Motivo 3: para distribuirlas, darlas a conocer, con lo cual poder ayudar a más administraciones. 

Motivo 4: para mejorar dichas propuestas, y hacer públicas esas mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie.

Porque una administración debería ser libre para copiar las ideas y servicios de otras administraciones, porque una administración debería ser libre para realizar copias mejoradas, debería ser libre para desarrollar servicios inspirados en los nuestros, o en nuestras ideas, introduciendo cambios para adaptarlas a su realidad, estudiando nuestra metodología, modificándola, mejorándola. Una administración debería ser libre para redistribuir esos servicios mejorados.

Una administración debería estar obligada a compartir. Todos, como ciudadanos, saldríamos beneficiados.

P:D.: Como muchos ya habréis adivinado estas son las cuatro libertades del software libre. Copiadas y modificadas.

Izquierda Unida llama a la rebelión contra la imposición del caciquismo de las diputaciones 

Izquierda Unida llama a la rebelión contra la imposición del caciquismo

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El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, José Luis Centella, ha hecho hoy un llamamiento a los alcaldes y concejales del PP a “rebelarse” contra la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno para “aniquilar” a los ayuntamientos en favor del “caciquismo” de las diputaciones provinciales, las instituciones “menos democráticas, pero las más queridas” por los ‘populares’.

En una rueda de prensa en el Congreso, Centella ha mostrado su “perplejidad” por los nuevos elementos que el PP quiere introducir en esta reforma, como limitar los salarios de los empleados públicos municipales y reforzar las diputaciones. 

Indicó que este camino emprendido por el Gobierno de Mariano Rajoy es “muy peligroso” ya que los ayuntamientos no son los culpables de la crisis y deberían ser “reforzados, no aniquilarlos”.

“Hay que eliminar duplicidades”, ha subrayado Centella, pero “no a costa de vaciar de recursos de los ayuntamientos, sino eliminando las diputaciones, “que son los órganos menos transparentes”. 
Detalló que los ayuntamientos no han sido los “culpables” de la crisis y la deuda, y no tienen por qué pagar las consecuencias de “la mala gestión y de la mala política”.

Insistió en relación a las diputaciones que con su reforma de la Ley de Bases de Régimen Local el PP “no solamente no condena el franquismo (en alusión a una iniciativa de IU que se debate hoy en el Congreso), sino que nos quiere llevar a una legislación más propia de aquella época”.

El diputado de IU ha tachado de “barbaridad” que el Gobierno busque recortar el salario de decenas de miles de empleados municipales. 

Ha pedido al PP que se siente a negociar con los entes locales y con las formaciones políticas para pactar una reforma local que posibilite su supervivencia y su independencia.

Las DECIMONÓNICAS DIPUTACIONES: REMINESCENCIAS de un ESTADO CACIQUIL 

REGRESO AL ESTADO CACIQUIL

Posted: enero 9, 2013 


“Si (mi hijo) fuera tonto, o disminuido físico o psíquico, con perdón para éstos, y no hubiera en donde enchufarlo… pero tiene su carrera y su destino final 
(presidente de la Diputación)
“Ya todo el mundo sabe que soy un cacique, pero a mí me siguen votando y a ellos no”
“A mí no me echan unas elecciones. Me voy cuando yo quiero”
José Luís Baltar, ex – presidente de la Diputación de Ourense

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A raíz del último escándalo acecido con las diputaciones – la imputación del ex – presidente de la diputación de Ourense, José Luís Baltar – debemos retomar el tema del que ya hablamos en el último artículo de los supuestamente necesarios recortes de gasto público que se están llevando a cabo. 
Primero, debemos tener claro ante la propaganda que nos bombardea incesantemente, que estos recortes no son necesarios, que son asimétricos y contraproducentes. 
Son, totalmente, injustos porque se producen solo en un sentido, 
no atacan los verdaderos problemas del despilfarro, la malversación de fondos públicos, los privilegios de un reducido grupo 
y están estratégicamente diseñados mediante una política mediática de manipulación y ocultación de la realidad para desviar la atención de las verdaderas causas de la crisis.
 Desde que salió a la superficie el movimiento de indignación y desafección con el sistema – conocido como el 15-M – que se encontraba latente en gran parte de la sociedad, ya no es que no hayamos tenido ningún indicio ni el menor atisbo de una mayor democracia directa y participativa 

o, una modesta regeneración democrática, sino que la imperfecta democracia representativa actual – dado el total desprestigio de sus partidos políticos – está siendo cada día más mutilada con el objetivo de apartar del espacio público a los ciudadanos y privatizar la participación política. 
Caso de Cospedal en su señorío manchego, que pretende – tras un gesto teatral – que solo se dediquen a la política las “personas de bien y con posibles” como en épocas pasadas de infausto recuerdo. 
Un nuevo golpe a unos ciudadanos que ya están sobradamente expulsados de la política ante el desencanto que les producen las actuaciones de sus representantes electos.
Aprovechando el descrédito del actual sistema democrático y adelantándose a potenciales descalabros electorales sus actuales dirigentes 
– utilizando un hipócrita populismo e ilimitadas argucias – 
están cercenando los mecanismos de representación popular mediante una burda propaganda, que tergiversa los hechos, que pretende afianzar aun más un régimen caciquil de democracia censitaria. 
ImagenLas demagógicas medidas impulsadas por el PP pretenden apropiarse del actual clima de indignación 
– como si ellos no fueran responsables del descrédito de las instituciones – 
en provecho propio para ocultar las verdaderas intenciones de unas reformas que desvirtúan y coartan la representación popular en favor de la perpetuación en el poder de la actual oligarquía.
ImagenLos cambios acaecidos 
– una huida hacia adelante para tapar las grietas del sistema – 
comenzaron hace año y medio cuando los dos grandes partidos, PP y PSOE, impulsaron cambios en la Ley Electoral que, prácticamente, imposibilitaban la concurrencia electoral de los pequeños partidos
La continuación fue la negativa a la reforma de la Ley Electoral para que ésta fuera más representativa y proporcional. 
No sólo eso, sino que han conseguido que sea aún más complicado conseguir representación electoral. 
Lo siguiente fue el ataque a la función pública y los servicios públicos que han sido condenados como responsables de la crisis y criminalizados
Lo último la  reforma de los entes locales que reducen en un 31% el número de concejales electos y reducen el número de ayuntamientos. 
Todas ellas son medidas que consolidan el bipartidismo, la desigualdad social y territorial y, dificulta cualquier tipo de regeneración moral y democrática de un sistema que, actualmente, está corroído por la corrupción y el mayor descaro.
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Las preguntas son claras ¿por qué atacar a los ayuntamientos? ¿Por qué a los funcionarios? ¿Por qué arrasar los servicios públicos? 
¿Por qué no, puestos a acabar con las duplicidades, suprimimos las diputaciones provinciales que cuestan 22.000 millones? 
Las respuestas son, igualmente, evidentes, pero se niegan a los ciudadanos. 
Los objetivos son ocultados: la expulsión de los ciudadanos de la vida pública; que no puedan ejercer ningún tipo de control de los cargos elegidos por una minoría; y, la privatización del patrimonio público a manos de la misma reducida oligarquía que controla los resortes del poder. 

Además, el impulso de órganos no elegibles como las diputaciones facilita que se pueda hacer un uso discrecional de los prepuestos públicos, la colocación a dedo de todo tipo de personas, sin ningún tipo de prueba como la que es obligatoria para muchos empleados públicos que están siendo despedidos. 
Uno de los ejemplos más claros del tipo de reformas que se están impulsando es José Luís Baltar, imputado por un delito de prevaricación continuada en la contratación que convirtió la diputación en la segunda empresa con más empleados de Ourense y dejó a su hijo como heredero de la misma.
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Con estas reformas en la Administración se pretenden ahorrar 6.315 millones
De ellos 3.500 millones en los entes locales. 
Pero, en realidad lo que se hace es afianzar los mecanismos y las conductas que posibilitan la malversación de fondos públicos. 
Ni cambian las personas ni sus formas de actuar. 
Es un gesto de cara a la galería con perversas intenciones. 
La corrupción urbanística en los ayuntamientos fue fomentada por la Ley del Suelo de José María Aznar y sus gobiernos, en total, connivencia con el PSOEFue impulsada desde el gobierno central y nunca se pusieron límites. 
Todo lo contrario porque favorecía los pelotazos urbanísticos de grandes terratenientes, poderes financieros y empresariales y, poseedores de suelo. 
Ejemplos tenemos muchos. Uno de los muchos fue colocar la estación del AVE de Guadalajara a una decena de kilómetros de esta ciudad para favorecer a la familia de Esperanza Aguirre
Ella su familia han dado diversos pelotazos urbanísticos por la geografía nacional por valor de decenas de millones de euros. 
Nadie se para a pensar en las consecuencias de este aparente futuro ahorro. 
Ese ahorro no calcula los variados costes sociales de dejar abandonados y sin servicios a los habitantes de esos municipios. El empobrecimiento de los trabajadores públicos que acentúa más la depresión. 
El desmantelamiento de los servicios públicos que supondrán una enorme merma en la calidad de vida de los españoles. 
Además, de una sustancial subida de precios que empobrecerá aun más a los trabajadores y una brutal perdida de riqueza y patrimonio común. 
Pero, es que, quien está haciendo todas estas “reformas”, es quien ha permitido e impulsado todas esas tropelías! 
y, como hemos dicho, no desde los entes locales sino desde el gobierno central y el sistema financiero. 
Los ambiciosos sin escrúpulos que se han corrompido acabarán colocados de asesores, conductores, secretarios, “emprendedores” o algún otro cargo.
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Debemos tomar perspectiva y analizar los datos en conjunto, no dejándonos llevar por ejemplos aislados que fomentan una visión sensacionalista e interesada de la realidad. 
En España, existen unos 8.116 ayuntamientos que acercan la administración y los servicios públicos a los ciudadanos. 
Estos ayuntamientos solo son responsables del 3,5% de la deuda pública española. Solo uno de ellos – Madrid – es responsable del 22,5% del total de esta deuda gracias a los sueños megalómanos – con una alta dosis de corrupción constructora – del actual ministro de justicia Alberto Ruíz Gallardón. 
El segundo responsable, a una gran distancia, es el de Barcelona con el 3,9% de la deuda total. Solo 10 ayuntamientos aglutinan el 40% de la deuda. 
Dados estos datos objetivos arrasamos con el resto de los ayuntamientos. 
Pero, es que, ahora, Madrid con una deuda que dobla – más de 6.300 millones sin sumar los intereses a perpetuidad – el supuesto ahorro que se pretende realizar en la reforma de los entes locales, quiere gastarse otros 1.670 millones – que luego, evidentemente, se multiplicaran vía dádivas –  en los JJ.OO de 2020.
El ahorro no está en la supresión de los ayuntamientos – y menos entrando a golpe de motosierra – sino en mejorar la gestión y acabar con la corrupción. 
Suprimiendo ayuntamientos no se atajan los problemas porquese seguirá manejando el patrimonio común como si fuera el cortijo de unos cuantos terratenientes, banqueros, caciques, empresarios, advenedizos, nobles, religiosos, etc. que se encuentran en total connivencia. 
Lo fundamental es que ningún político tenga más privilegios que un ciudadano cualquiera, es decir, ninguno; que sea obligatorio que tengan que usar todos los servicios públicos que deben gestionar de forma honrada, honesta, eficiente y eficaz. 
Necesitamos servidores públicos, no como hasta ahora, empleados al servicio de la élite económica a la que pertenecen o aspiran a pertenecer, del medro, que están permanente prevaricando contra el interés general.
Sabemos que todo esto es, ahora mismo, una utopía, pero es una de las utopías por las que debemos luchar y para eso nos tenemos que implicar en los asuntos que nos conciernen a todos.
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Las actuales reformas son el golpe definitivo a la democracia española. 
Ante la desafección ciudadana y el desprestigio de unos partidos mayoritarios en caída libre, el gobierno del PP quiere reducir concejales y diputados autonómicos electos por los ciudadanos y dar un poder mayor a las Diputaciones provinciales. 
En donde no existe ningún tipo de control, siendo dirigidas de forma arbitraria y discrecional. 
Un lugar donde se pueden “enchufar” a todos los familiares, compañeros, amigos, etc., y pagar todo tipo de favores a cambio de lealtades y monedas. 
Con las actuales reformas se recortan los servicios públicos – se han hecho recortes de miles de millones en sanidad, educación, ciencia y tecnología, pensiones, salarios, etc. – y se acrecientan los focos de corrupción antidemocrática, al mismo tiempo, que gastamos miles de millones en rescatar a un sistema financiero que pertenece y está al servicio de la actual oligarquía dirigente. 
Se recorta en democracia y control popular: concejales y diputados regionales. 
Y, se perpetúa una institución semifeudal de control social y corruptelas caciquiles como son las diputaciones provinciales.
ImagenComo hemos dicho, anteriormente, uno de los principales exponentes de la política populista y demagógica que pretende socavar el control de los ciudadanos y la participación política – una vez, retirada de la primera línea de juego Esperanza Aguirre – es María Dolores de Cospedal que, en lugar de comenzar los recortes por ella misma renunciando a tres de los cuatro sueldos públicos que percibe – ya de por si suculentos – ha preferido despedir a 10.000 empleados, convertir el parlamento manchego en una S.A sólo accesible a la élite económica – esa misma liderada por su marido que va de consejo en consejo a la que pretenden regalar la sanidad pública – y subir el sueldo a sus asesores, por supuesto, nombrados a dedo. 
Es el fácil e hipócrita recurso al chivo expiatorio, mientras, los gastos discrecionales, la opacidad y los favores a los incondicionales no paran de crecer.
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Pues este es el Estado que quiere el gobierno. 
Un Estado oligárquico sin caretas. 
Ya no se guardan ni las mínimas formas. 
Un Estado donde los órganos no electos tengan preponderancia. 
Unos lugares – las diputaciones – donde sus presidentes puedan dirigir conforme a sus deseos y caprichos más provechosos. 
Todos estos señores son algunos de los muchos que se encontraban en los consejos de las cajas dando créditos a voluntad.
Ninguno ha entrado en la cárcel, pocos han dimitido, todos siguen teniendo un alto nivel de vida.  
No quieren que muchos trabajadores tengan un salario ni mucho menos que éste sea digno. 
Pero, ellos pueden tener 12 o 13 cargos con sus respectivos sueldos. 
Estos son algunos ejemplos, no son los únicos, pero, sí son los más desvergonzados, por ahora:
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  1. Isabel Carrasco, presidenta de la diputación de León, 12 cargos con sus dietas y salarios. No hace mucho dijo, en apoyo a los recortes de Marinos Rajoy: “No puede ser que sea gratis todito”.
  2. Agustín González, presidente de la diputación de Ávila, un trabajador afanoso con 13 cargos generosamente remunerados. Aprobó las cuentas de Bankia, pero, según dijo,  no tenía conocimientos financieros porque era “maestro de primaria” y veía la situación de la entidad con “absoluta normalidad”.
  3. Atilano Soto, ex presidente de la diputación de Segovia, que compatibilizó con su actual cargo de presidente de Caja Segovia. Según dice aprobó las cuentas de Bankia “en un ejercicio de generosidad”.
  1. El inefable Carlos Fabra, envuelto en toda clase de casos de corrupción y que ha heredado la diputación de Castellón como hicieron, anteriormente, 5 antepasados suyos. También, padre de la innombrable diputada que gritó en el congreso – refiriéndose a esos “parásitos sociales” que son los parados – ¡Qué se jodan! Por cierto, no ha dimitido y, posiblemente, espera heredar el cargo de su padre.
  2. José Joaquín Ripoll, ex presidente de la diputación de Alicante, que tuvo que dimitir por estar envuelto en un caso de corrupción, mientras, las familias populares divididas entre Campistas y Zaplanistas se disputaban a navajazos este señorío feudal.
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Este es el más crudo regreso de la España caciquil. 
En cierto modo nunca se fue. 
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En España, al Antiguo Régimen nunca fue derrotado. 
Los liberales perdieron en el S.XIX. 
Los que quedaron aceptaron un régimen corrupto de turno de partidos. 
En la Guerra Civil, el republicanismo y el liberalismo fueron arrasados junto con los masones, el socialismo, el movimiento libertario, el comunismo, la democracia, los derechos sociales y laborales, la libertad religiosa, la igualdad, la reforma agraria, los derechos de las mujeres, etc.

Los movimientos nacidos de la Ilustración fueron aniquilados en nuestro país. 
España quedó abocada a un régimen oligárquico fundado en las esencias imaginarias de un fanático engendro llamado así mismo NacionalCatolicismo – a imagen de su admirado NacionalSocialismo alemán – que perpetuaba el semifeudalismo que había caracterizado la evolución del Antiguo Régimen en España.
ImagenEste régimen semifeudal puede, fácilmente, rastrearse en la estructura de la propiedad de la tierra donde hay zonas en las cuales el 50% de ella está en manos del 2% de los propietarios. 
La total opacidad que rodea a la verdadera estructura de la propiedad y la endogamia en la que se mueven las familias propietarias. 
La fortuna del Rey que asciende a casi 2.000 millones que no se sabe de donde provienen, cuando ésta era casi inexistente a la muerte de Franco. 
La fortuna de la familia Botín, valorada en 2.000 millones, encontrándose gran parte en Suiza desde finales de la Guerra Civil. 
Muchas de las grandes fortunas actuales se hicieron durante la guerra y la dictadura. 
Y, en la democracia han seguido recibiendo subvenciones, empresas públicas, propiedades, además de, estar exentos del pago de impuestos. 
Los privilegios de la Iglesia, exenta del pago de impuestos, con cientos de miles de propiedades y que recibe anualmente 11.000 millones del Estado. 
En resumen, un país, España, donde el 0,0035% de la población posee unas fortunas semejantes al 80,5% del PIB.
En esto consiste la contrarreforma que está llevando a cabo el gobierno, que ataca las libertades individuales y sociales. Obstaculiza el acceso a la justicia de los ciudadanos, al tiempo, que impulsa la represión policial y política. 
Recorta los derechos laborales de los trabajadores al tiempo que pretende cercenar el derecho a la huelga. 

Impone una educación que proyecta primar la enseñanza concertada que, en realidad, es enseñanza católica – en Madrid, el 88% de los colegios concertados son católicos – que nos retrotrae a los años dorados de la educación más reaccionaria, acientífica y antinatural. 

Una educación que será usada a modo de control social

¿Cómo se puede hablar de regeneración democrática y moral en un país donde sus más insignes académicos hablan de un asesino como Millán Astray de “incansable intelectual” o hacen carantoñas a un genocida como Franco?
lavozdebida.wordpress.com


AQUÍ TENEMOS UN EJEMPLO de lo DICHO

«En la Diputación de Ourense entramos todos igual, enchufados»