Lobbies españoles, ¿hasta cuándo en la sombra?

¿Por qué debe preocuparnos la presencia de expolíticos en las grandes empresas privadas?

La presencia de personal político en los consejos de administración de las grandes empresas privadas ha pasado a ser un motivo de preocupación respecto al funcionamiento de nuestras democracias y también de nuestras empresas.
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El nombramiento de personas con un pasado político o con claras conexiones políticas en el consejo de administración de las empresas privadas es potencialmente uno de los instrumentos que éstas tienen para influir en las decisiones que les afectan. 
Por supuesto, puede argumentarse también que algunos antiguos responsables políticos tienen otras habilidades además del acceso a los canales de decisión gubernamental. 
Pero la presencia de personal político en los consejos de administración de las grandes empresas privadas ha pasado a ser un motivo de preocupación respecto al funcionamiento de nuestras democracias y también de nuestras empresas.
Se ha documentado mediante evidencia empírica sistemática la amplitud del fenómeno en países tan distintos como Indonesia, Alemania (históricamente en la época de Hitler y contemporáneamente), Francia, o Estados Unidos (analizando entre otras la evolución de las empresas conectadas con el exvicepresidente Cheney y las conectadas con el exsecretario del Tesoro Geithner). 
El fenómeno tiene una enorme amplitud y se presenta en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo.
Existe además evidencia anecdótica para países como Suráfrica (donde algunos de los principales dirigentes del Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, han sido co-optados por empresas tradicionalmente en manos de la minoría blanca) o como Chile
Lo curioso es que en algunos casos existe una asociación negativa entre presencia de expolíticos y resultados empresariales y en otros casos esta asociación es positiva. Acemoglu y sus coautores, en su estudio sobre las empresas conectadas al exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Geithner, sugieren que los factores que impulsan esta asociación a ser positiva son un marco institucional débil y una elevada discrecionalidad en la toma de decisiones políticas (que se acentúa por ejemplo en tiempos de crisis).
España es uno de los países donde la investigación preliminar (fruto de la tesis doctoral de Pau Castells y de sus posteriores trabajos conmigo) apunta a una correlación negativa entre conexiones políticas y resultados empresariales, medidos tanto a través del comportamiento accionarial en el momento del nombramiento como utilizando resultados contables. 
Es decir, parece contraproducente para las empresas nombrar ex políticos, en promedio. 
Esta correlación negativa debe interpretarse con cautela (en el sentido de no exagerar la relación causa-efecto), puesto que las empresas en dificultades pueden tender a contratar políticos a la desesperada, o porque las empresas reguladas tienden a nombrar más políticos, y al estar reguladas sus beneficios no pueden ser muy altos. 
Pero es de destacar que no hay evidencia alguna de que los accionistas de las empresas que nombran más personas conectadas políticamente salgan ganando con ello.
En España el fenómeno es amplio, aproximadamente un quinto de los consejeros de las principales empresas tienen un pasado político. 
De entre las aproximadamente 70 mayores empresas españolas, es habitual que tengan entre un 20 y un 30% de expolíticos en su consejo de administración.
Dos expresidentes del Gobierno ostentan cargos en empresas reguladas, y los tres exministros de Economía más recientes aceptaron cargos en grandes empresas reguladas poco después de dejar el Gobierno (el actual ministro de Economía fue consejero de Endesa hasta el día de su nombramiento). 
En algunos casos respetaron el plazo de dos años en que legalmente no pueden ocupar cargos en empresas que regularon, pero en algún caso cumplieron literalmente la ley aunque incumpliendo descaradamente su espíritu al aceptar cargos en empresas filiales radicadas en países extranjeros (como Elena Salgado en Chilectra, una filial de Endesa en Chile).
Se podría argumentar que expresidentes del gobierno y ministros de economía deben ser personas de gran calibre profesional, y por lo tanto no se trata de un intento de lobbying, pero existen casos de expolíticos de poco prestigio profesional, como Javier de Paz (en Telefónica) o Ángel Acebes (en Iberdrola), que también han ocupado cargos en consejos de administración de grandes empresas.
La estrategia de nombrar este tipo de consejeros es generalizada y tiene lugar a largo plazo. 
Por ejemplo, una empresa farmacéutica tuvo entre sus consejeros a la exministra del PP Loyola de Palacio, y posteriormente al exministro socialista Carlos Solchaga. 
Ello podría hacer pensar que el fenómeno es igual para políticos de todos los colores. 
Sin embargo, aunque efectivamente el fenómeno no conoce barreras ideológicas, de modo parecido a lo que apuntan Albert Solé de la Universidad de Barcelona y sus coautores para el caso de la política local, es el Partido Popular quien tiene más expolíticos en consejos de administración, incluso en años en que el PSOE gobernó en España, como puede observarse en el siguiente gráfico, referido a las aproximadamente 70 mayores empresas españolas.
G1
El caso particular de España permite reflexionar sobre qué puede estar detrás de la correlación negativa que se produce  entre resultados y presencia de expolíticos. 
Podría pensarse que esta correlación negativa es fruto del buen funcionamiento de las instituciones: aunque se intenta, ellobbying no fructifica. 
Sin embargo, una interpretación alternativa podría ser que los gestores coluden con personajes políticos para protegerse ante posibles OPAs en detrimento de los accionistas o para “expropiar” a los accionistas minoritarios.
Nuestros resultados en el artículo de la revista académica SERIES apuntarían en esta dirección. 
Ahí vemos cómo las empresas cotizadas en promedio no se vieron afectadas por la victoria por sorpresa del PSOE en 2004, pero que las más conectadas políticamente sí lo hicieron, y habitualmente en sectores, como el energético, sometidos a oleadas de OPAs. 
Una tercera interpretación, no incompatible con esta, sería que los gestores, cuando proponen el nombramiento de expolíticos, incurren en un sesgo conductual de “visibilidad”: por la misma razón que los delanteros centro altos están sobrevalorados en el mercado de fichajes de futbolistas, también los políticos famosos están sobrevalorados en el mercado de consejeros de grandes empresas.
Podría pensarse también que si la presencia de expolíticos no redunda en un rendimiento favorable para los resultados de la empresa, no hay de qué preocuparse. 
Sin embargo, en el caso de los sectores regulados (que es donde la presencia de expolíticos es más numerosa), al tener los sistemas de regulación una tendencia a por lo menos cubrir los costes de las empresas, los mayores costes derivados de un mal control corporativo, provocado por la presencia de expolíticos contraproducentes para el desempeño de la empresa, tenderán a traducirse en precios altos para los consumidores o altos costes de rescate financiero cuando ello es necesario (piénsese en Bankia).
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El lobby profesional en España

Últimamente proliferan noticias sobre empresas que contratan o que incluyen entre sus socios a exministros, expolíticos y/o ex altos cargos de la Administración pública para que ofrezcan servicios de lobby.
Estas noticias no solo dañan la imagen de una profesión totalmente legítima, sino que también perjudican la de los propios políticos, hinchando todavía más la desafección y decepción de los ciudadanos y sus empresas hacía la política y los políticos.
Para evitar más confusión, y para que puedan empezar a distinguir entre la agenda de contactos y el ejercicio serio, ético y profesional del lobby, 
creo que es muy importante informar a los ciudadanos acerca de las razones por las que sería positivo pasar de un modelo de lobby que esté basado en la agenda de contactos de ex altos cargos a otro que descanse sobre la profesionalidad, neutralidad y transparencia ejercida por expertos en relaciones institucionales.
El modelo del (mal llamado) lobby de agenda de contactos puede acabar siendo ineficaz para todas las partes: para las empresas que contratan sus servicios 
y no logran ver resultados satisfactorios, para los antiguos altos cargos que ven mermado su prestigio profesional y para los políticos en activo, 
sobre los que puede caer la injusta sospecha de que emplean buena parte de su labor de representación popular en buscar una salida profesional en la empresa privada empleando los contactos adquiridos en su paso por la política, y para la democracia y sus instituciones, mermando la imagen que tienen de estas los ciudadanos.
Por otra parte, un lobbista profesional garantiza dos compromisos clave, de los que además depende su reputación y su medio de vida. 
El primero de ellos es el compromiso inequívoco con los intereses de sus clientes, que se sentirán fielmente representados ante los poderes públicos, no solo mediante contactos, sino también con una estrategia coherente de identificación de actores clave y de formulación de peticiones.
Y el segundo de estos compromisos es con los valores esenciales del ordenamiento político y sus límites legales y éticos.
Esto garantiza a los políticos en activo y a los altos cargos de la Administración pública que tratan con un profesional sincero respecto a sus peticiones y a los intereses que representa y que sabrá también articular las peticiones de sus clientes de modo que casen con el interés general.
Por su parte, esto garantiza a los clientes del lobbista que sus peticiones serán escuchadas y no sufrirán rechazos de plano por no haberlas formulado correctamente.
El lobbista debe poder crear proyectos con sus clientes que pueda y sepa vender políticamente a las autoridades pertinentes, sin un bagaje político que le marque políticamente e ideológicamente y sin compromisos preexistentes con un partido político y sus miembros.
El lobbista tiene una función primordial en todo sistema político democrático, al igual que lo tienen los abogados en todo sistema judicial independiente.
Esa función fundamental es la de engrasar al sistema y permitir al ciudadano entender la vida política de su país, así como la toma de decisiones de sus gobernantes y de sus legisladores y, si así lo desean, participar en ella.
Al político y al Gobierno les corresponde tomar decisiones y al lobbista, informar al ciudadano y a sus empresas de cómo se toman dichas decisiones y de cómo se puede influir en ellas.
De la misma manera que no aceptaríamos un cruce de intereses entre el asesor legal y el juzgado, tampoco debemos de aceptar un cruce de intereses entre el lobbista y el político o administrativo.
Sebastián Mariz es socio director de EPPA

Lobbies españoles, 

¿hasta cuándo en la sombra?

En Europa mueven más de 1.000 millones de euros anuales. 

Los españoles, sin regular, influyen en las decisiones políticas y en las leyes. 

¿Cuándo se van a someter a control del Parlamento

Irene Yagüe / Madrid
Imagen de la fachada del Congreso de los diputados. Fotografía: Europa press
Imagen de la fachada del Congreso de los diputados. Fotografía: Europa press

Cada vez están más extendidos y ejercen mayor presión sobre las decisiones políticas, sin embargo, los lobbies en España siguen operando de forma opaca. 
La falta de un registro que identifique estos grupos y los intereses que representan hace que las relaciones a puerta cerrada entre el sector privado y la Administración pública sean invisibles para la sociedad, que no tiene más remedio que sospechar lo peor. 
Los expertos consideran necesario registrar a estos grupos de poder con gran capacidad de influencia, de cara a dotar de transparencia los procesos de toma de decisiones.
Una asociacion privada que ejerce presión para defender intereses concretos. Eso es un lobby. 

El sector financiero, el energético, la industria farmacéutica y la Iglesia católica son algunos de los más influyentes en nuestro país.

Este lunes, por ejemplo, uno de ellos, la patronal de las grandes superficies (Anged), que agrupa a empresas como Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo o Ikea, volvió a la carga en sus demandas históricas y trató de presionar al Gobierno para liberalizar los horarios de los comercios y eliminar las barreras a las nuevas licencias de apertura. 


Para ello, el director general del grupo, Javier Millán-Astray aportó jugosas cifras, sobre todo en tiempos de crisis: las compañías de la patronal tienen paralizados proyectos valorados en 2.500 millones de euros que permitirían crear más de 7.000 empleos

Pero Millán no se quedó ahí, pues también opinó que la problemática de las licencias no es burocrática sino política:

 “Sin duda creemos que el nuevo Ejecutivo comprende perfectamente la problemática del sector y que es necesario hacer reformas”.

También los grandes bufetes de abogados como Cuatre Casas o Garrigues actúan como grupos de presión. 


De hecho, el lobby genera alrededor del 10% de la facturación de las 20 grandes firmas españolas, es decir, más de cien millones de euros, según datos del sector.

Un buen ejemplo de los pasos que dan los poderosos lobbies para luchar por sus intereses privados es el mensaje lanzado por la patronal de las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa y EON), Unesa, hace escasas semanas. 


En su discurso, el jefe de este grupo, Eduardo Montes, se empeñó en defender que la energía atómica no es barata, para intentar evitar que se le imponga un impuesto a esta fuente de energía. 

De esta manera, el lobby eléctrico contradecía por primera vez el mensaje que desde hace años envía el Foro Nuclear –lobby en el que además de convencionales y renovables, están las nucleares– sobre los bajos precios de la generación de la energía atómica.

Por su parte, clubes elitistas como el del automóvil llevan a cabo ‘campañas’ para conseguir sus intereses. 


Cada cierto tiempo ponen de relieve la importancia de su sector y, amparadas por la CEOE, solicitan al Gobierno ayudas directas a la compra de vehículos de hasta 560 millones de euros con el fin de aumentar la demanda de los consumidores. 

También, entre otros, el Círculo de Empresarios y la patronal de constructoras de mayor volumen, Seopan, son grupos que realizan labores de lobby.

Estos grupos prefieren describir sus servicios como tareas de relaciones institucionales, aunque algunos facturan por la actividad entre 10.000 y 300.000 euros dependiendo del proyecto. 


También las ONG y los grupos de consumidores crean lobbies. Greenpeace es uno de los más destacados con impactantes campañas para la defensa del medio ambiente.

 “Existen hasta asociaciones de pacientes que, promovidas por las farmacéuticas, presionan para la legalización de algún medicamento”, explica Miguel Jara, coautor del libro ‘Conspiraciones tóxicas’, sobre las presiones que ciertos grupos empresariales ejercen sobre el medio ambiente.

Una regulación necesaria

Cuando en los años 50 representantes del sector lácteo estadounidense decidieron esperar a los políticos en el lobby (entrada) del Senado de su país para defender su producción, probablemente no sabían que estaban dando los primeros pasos hacia lo que hoy día es una extendida práctica en EE.UU. 


Los lobbistas en ese país están obligados allí a registrarse y a declarar sus actividades, sus intereses, y a quién representan.

En Europa, estos grupos se han ido regularizando en los últimos años. 


En 2008 la Comisión Europea creó un registro donde podían apuntarse de forma voluntaria y en el que al menos 40 empresas y órganos de gobierno españoles, como Altadis o Arcelor, se identificaron como lobby. 

En la actualidad, operan en Bruselas unos 2.000 lobbies que dan empleo a 15.000 personas. 

El gasto del lobbismo empresarial en la capital belga se estima en más de 1.000 millones de euros anuales.

¿Por qué en España las actividades de cabildeo conllevan connotaciones de corrupción y falta de transparencia mientras en otros países son agrupaciones reconocidas? 


La falta de un registro en el que los lobbies se sometan al control del Parlamento podría ser la primera causa de esta mala fama. 

La semana pasada el Grupo de la Izquierda Plural presentó una proposición no de ley en el Congreso en esta dirección que fue rechazada por el grupo Popular.

En su intervención, la expositora de Iniciativa per Cataluya Verds (ICV), Laia Ortiz, expresó que estos grupos generan una distorsión del Estado en el sistema democrático. 


“Sólo hace falta ver el impacto legislativo, el impacto en las políticas públicas y en las decisiones que se han tomado en este país que han tenido los grupos de presión, especialmente las grandes corporaciones”, dijo. 

Y señaló la necesidad de poner luz en lo que sucede en nuestro sistema de toma de decisiones. 

“La mejor medida de control es poner luz y taquígrafos en esa relación entre lo público y lo privado. Introducir transparencia, como se ha hecho en los países anglosajones, pero también en Alemania y en la Unión Europea, y como recomienda el Libro Verde de la iniciativa europea de transparencia”. 

La opacidad y falta de transparencia 

Jara opina que la opacidad con la que operan estos grupos tiene una explicación sociológica: 


“España siempre ha sido un país caciquil donde a los poderes se les tiene respeto y miedo”. 

Sebastián Mariz, miembro de la junta directiva de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) y lobbista desde hace 15 años, también la considera una cuestión cultural:

 “Hay elementos dentro de la sociedad a los que no les interesa perder las cuotas de poder que han ido consiguiendo a lo largo del tiempo. 

A las estructuras verticales heredadas de la dictadura franquista no les interesa regular la labor de los lobbies y hacerles parte del proceso democrático porque cederían parte de su poder”.

Los expertos señalan que al operar de forma tan poco transparente –sin revelar qué intereses defienden– es fácil describir a estos grupos de presión como poderes ocultos.


 “Nos hace falta una segunda transición que modernice las estructuras”, comenta Mariz, quien además explica que los grupos de lobby, una vez regulados, son elementos que aumentan la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

“En España vivimos casos de corrupción por culpa de este sistema opaco en el que no sabemos a qué intereses representan ciertos actores”.

A pesar de que en nuestro país se desconoce prácticamente todo sobre la influencia de los grupos de presión en las políticas de las administraciones públicas, Mariz considera que vamos por el buen camino, pues la ley llegará pronto de mano del Gobierno. 


“Es a este a quien le corresponde compaginar los intereses privados con los públicos para el bien de la sociedad”. 

Sin embargo, Jara cree que los grupos de presión subvierten la democracia. 

“Para qué sirve votar a los políticos si después son los intereses privados los que deciden por nosotros”, apunta.

arndigital.com


XQ OTRO MUNDO ES POSIBLE

Saludos y hasta la VICTORIA SIEMPRE…. ARMAK de ODELOT



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